El Tribunal de Justicia de Aragón (TSJA) ha reprochado a la Delegación del Gobierno por la "temeridad" con que actuó al mantener la prohibición del itinerario de una manifestación a pesar de la resolución del tribunal que anulaba dicha decisión tras aceptar el recurso interpuesto por los convocantes. La sentencia insinúa que su intención pudiera haber sido "impedir el ejercicio del derecho de manifestación", le recuerda que ha podido vulnerar la Constitución, y le condena a pagar las costas del proceso.
.jpg) |
| La manifestación del 1J, por la calle Alfonso, donde vive la consejera Serrat |
La delegación había prohibido el paso de la manifestación contra la troika del pasado sábado por la calle donde vive la consejera de Educación, Dolores Serrat, en Zaragoza. La organización convocante, el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), presentó un recurso que el alto tribunal aceptó, anulando así la prohibición.
La Delegación del Gobierno dictó su resolución el 23 de mayo y la comunicó a MHUEL por correo ordinario el día 29, sin posibilidad de recurrirla por haber pasado más de 72 horas. Además, la delegación mantuvo la negativa después de que el TSJA sentenciase que la manifestación podía pasar por la calle de la consejera.
La sentencia habla también de otros aspectos de la "temeridad" con que actuó la delegación. Así, se refiere a la tardanza de seis días en notificar la resolución a los convocantes y no hacerlo "por un medio que permitiera tener constancia de su recepción".
El tribunal recuerda que una notificación fuera de plazo puede vulnerar la Constitución "cuando, por ejemplo, responda a un ánimo dilatorio con el objetivo de impedir o entorpecer el ejercicio del derecho (de reunión o de manifestación) o cuando impida que los órganos judiciales se pronuncien con anterioridad a la fecha de celebración".
MHUEL afirma en un comunicado que "esta vez ya no solo pide sino que exige la dimisión o el cese administrativo del delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, y de todo su equipo. La política de esta Delegación de "palo y mano dura" y de criminalizar las legítimas protestas de la ciudadanía que reivindican sus derechos y libertades en la calles, ha fracasado sin paliativos. Ya no son los movimientos sociales quienes se lo dicen , ahora son los Tribunales los que hablan".
El Gobierno de Aragón ha prohibido nueve manifestaciones en lo que va de año porque pasaban por la calle Alfonso I, donde tiene su domicilio la consejera de Educacón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario