La Audiencia Nacional ha absuelto a 18 de las 19 personas acusadas por el cerco al Parlament de Catalunya el 15 de junio de 2011, mientras una de ellas ha sido condenada por una falta de daños a estar cuatro días localizable por haber pintado con espray una cruz en la espalda a una de las diputadas autonómicas. La Fiscalía pedría cinco años y medio de cárcel.
La resolución cuenta con el voto particular del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, que considera que 10 de los acusados habrían incurrido en un delito contra las altas instituciones del Estado.
La sentencia considera que muchos de los acusados no pueden ser identificados con los hechos que les atribuyen las acusaciones. Por ejemplo, en el incidente con el vehículo en el que viajaba el presidente de la Generalitat, Artur Mas. "Los vehículos no llevaban distintivo, por lo que los manifestantes no podían saber si se trataba del presidente o de otra autoridad", recogen los magistrados.
Además, el fallo culpa a las autoridades de que los parlamentarios tuvieran que encontrarse con los manifestantes. "El dispositivo de seguridad dejó abierta la puerta para que entraran los parlamentarios. Por lo tanto, no fueron los manifestantes quienes obstruyeron diversas vías de acceso, como se dice en los escritos de acusación (...) Sin que la autoridad gubernativa adoptara hasta bien entrada la mañana la medida de levantar un cordón policial par permitir el tránsito de personas hacia el parlamento, los manifestantes se concentraron en la puerta 7, única vía abierta, y la confrontación de los diputados con ellos se hizo inevitable", dice la sentencia.
La Fiscalía pedía cinco años y medio de cárcel para los acusados por un delito contra las altas instituciones del Estado, al que se añadía otro de atentado a la autoridad. El Parlament de Catalunya, el Govern y el sindicato ultra Manos Limpias ejercieron la acusación particular.
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