El anterior Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó, dos días antes de la investidura del nuevo equipo de Zaragoza en Común, pagar los 2,1 millones de euros que le costó a la contrata del transporte público la indemnización a los 153 trabajadores que despidió en agosto de 2013. Ocho meses después, Auzsa tuvo que readmitirlos ante las movilizaciones sindicales.
El importe, a pagar en once años, comprende 1,9 millones de euros en indemnizaciones a los trabajadores despedidos, 170.834 euros por el servicio de abogados contratado por la empresa, y otros 30.844 euros en servicios de "consultoría y mediación corporativa".
La solicitud del cobro de estas cantidades las realizó la empresa en abril de 2014, y el gobierno socialista de Alberto Belloch decidió aprobarla el pasado 11 de junio, dos días antes de la toma de posesión de Pedro Santisteve, de ZeC, como nuevo alcalde. Ni el PSOE ni el interventor ni el director de finanzas pusieron reparo alguno en admitir el pago.
Según lo acordado, Auzsa deberá cobrar ya los 679.528 euros del primero de los once plazos, un trámite que el Gobierno de ZeC se ha visto obligado a llevar a cabo, aunque el nuevo equipo está estudiando la manera de anular la decisión aprobada por Belloch.
Zaragoza en Común, cada vez más crítico con el PSOE a medida que se van descubriendo detalles de su gestión en el Ayuntamiento, ha calificado de "indignante y vergonzoso" que se haya empleado dinero público en pagar despidos de una contrata, en un momento en que los recursos municipales "deberían destinarse a paliar los efectos de la crisis".
La pasada semana, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, informaba de la existencia de un agujero de 110 millones de euros, dejado por el PSOE de Belloch en el Ayuntamiento zaragozano, según un estudio realizado por el interventor.
El gobierno anterior es el mismo que ha apoyado a ZEC para que pueda gobernar habiendo perdido las elecciones, así que bien cerca los tienen para reprocharselo
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