El número dos del escalafón ha colocado a su esposa, su hermano, su hermana y una familiar de su esposa. Otro tiene a su hijo, su esposa y su actual pareja... Son algunos ejemplos del vergonzoso enchufismo que reina en el Tribunal de Cuentas, una institución abarrotada de sagas familiares de altos cargos y cuya labor de 'fiscalización' a partidos y administraciones públicas no sirve para nada, como ha demostrado durante décadas.
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| El Tribunal de Cuentas, recibido por el rey en 2012 |
El Tribunal de Cuentas, el órgano encargado teóricamente de vigilar las cuentas de los partidos políticos y de las administraciones públicas, acoge en su plantilla a decenas de familiares de algunos altos cargos. Todo el mundo sabe que la plantilla de la institución está llena de sagas familiares.
Así, Javier Medina, actual número dos del tribunal, tiene a cuatro familiares contratados en la institución: su esposa, su hermano, su hermana y una pariente de su esposa, que entraron por oposición, según afirma Medina.
Otro caso representativo es el de José Antonio Pajares, que ha sido secretario general del tribunal, con dos parientes directos en el organismo. Su hija está destinada en el gabinete de comunicación y su yerna pertenece al servicio de mantenimiento.
También hay familiares de altos cargos de la Administración que han pasado por el tribunal, como Elvira Rodríguez, ahora presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tiene en la institución a dos hermanas, Estela y Paloma.
La esposa del exministro de Defensa Federico Trillo, actual embajador en Reino Unido, forma parte de la plantilla. Hay también familiares de sindicalistas funcionarios de la institución, como Julio Ronda, que ha colocado allí a su hijo, su esposa y su actual pareja, o Alberto Otero, que tiene en la casa a su hermano, su hermana y sus tres hijos.
El Tribunal de Cuentas, donde trabajan unas 700 personas, no está formado por jueces, sino por 12 consejeros elegidos por los partidos políticos en el Congreso y que se renuevan cada nueve años. Su última renovación fue en julio de 2012. Siete de los 12 consejeros fueron propuestos por el PP y cinco por el PSOE (uno de ellos, consensuado con IU). Tienen coche oficial y un sueldo de unos 4.700 euros al mes.
En teoría, es el órgano encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos y de las administraciones públicas, pero solo analiza los datos que le envían estas instituciones. Así, no puede acudir a Hacienda ni a otras fuentes para recabar información adicional. De sus 'fiscalizaciones', nunca ha logrado encontrar irregularidad alguna en las cuentas que analiza y lo poco que halla no tiene ninguna repercusión. El tribunal no detectó nada del caso Bárcenas o los ERE andaluces.
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