La exministra socialista Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE, ha presentado su dimisión como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), aunque no se irá de vacío. Así, se lleva un 45% de su salario fijo, que suponen unos 10.000 euros al mes hasta que cumpla los 65 años, momento en que disfrutará de una pensión vitalicia de unos 4.000 euros mensuales, compatible con la que perciba en España.
En los cuatro años que llevaba en el cargo, Álvarez se ha llevado un millón de euros bruto, pero perderá el medio millón que podría haber ganado de haber seguido en su puesto los dos años que le quedaban en el BEI.
Al dejar el cargo voluntariamente, la exministra tiene derecho al 45% de su salario fijo, que es de 23.147 euros mensuales, por lo que cobrará unos 10.000 hasta su jubilación. Además, recibirá una pensión vitalicia del 4,275% de su sueldo por cada año trabajado, lo que supone unos 4.000 euros mensuales, que podrá compatibilizar con el importe que perciba en España cuando se jubile.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, imputó en julio de 2013 a Magdalena Álvarez por su gestión como consejera andaluza de Hacienda. La exministra de Fomento se ha resistido casi un año a dejar su puesto en la vicepresidencia del BEI, pero ayer presentó su renuncia por las fuertes presiones del Gobierno de Rajoy ante el banco, según afirma.
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